La restricción cambiaria entorpece el desarrollo local del negocio

Los de proveedores de contenido audiovisual en Internet están en el extranjero y cobran en moneda foránea. Aún no operan en Venezuela

iTunes Store se jacta de vender mucha más música que Amazon.com. La tienda virtual de Apple también celebra con bombos y platillos sus generosas ventas de películas en línea. Pero de esa enorme montaña de bits de imagen y sonido vendidos por el gigante de la manzana, ninguno ha llegado a Venezuela, simplemente porque el exitoso comercio cibernético no ha activado esa plataforma para esta parte del mundo, como tampoco lo han hecho otros grandes fabricantes, como Nokia con Ovi Store, que eventualmente comenzarán a vender las piezas más seductoras del séptimo arte en formato digital.

Toda esa realidad coloca a la compra y descarga legal de películas vía Internet de momento en Venezuela en el terreno de lo utópico.

Herramientas y aplicaciones para descargar obras cinematográficas, desde las más clásicas hasta las más recientes -incluso algunas que ni siquiera han sido estrenadas a escala mundial-, hay muchas en la red. Casi todas lo permiten sin cobrarle un céntimo al usuario, lo cual convierte a esa transferencia de archivos en un acto ilegal. Esta ha sido la manera en que muchos venezolanos consiguen hacerse de piezas del cine, a falta de plataformas como el iTunes, para actuar dentro de los márgenes de la ley.

Raymond Orta, abogado especialista en tecnologías e informática forense, comenta la modalidad empleada por mucha gente en el país para descargar películas está contemplada en la ley como delito: «La piratería, y allí se incluye la descarga en línea de películas sin costo alguno, implica múltiples violaciones al Derecho de Propiedad Intelectual, protegido por las leyes venezolanas. Las obras cinematográficas tienen derechos intelectuales de muchas personas, desde el director hasta el productor, hasta el guionista, el compositor del soundtrack, etc. Hay que pagar por el alquiler o por tener una copia de una de estas obras; de lo contrario el usuario se puede exponer a penas civiles, por daños y perjuicios, y a penales que pueden ir de 1 a 5 años de prisión».

Orta recuerda que «los proveedores de con tenidos audiovisuales vía Internet están en el extranjero, por lo cual ese contenido se vende en moneda extranjera y nosotros localmente tenemos acceso limitado a las divisas. Eso en mi criterio es una traba para que se desarrolle el negocio y para que más personas puedan comprar películas en Internet, sin infringir ninguna ley ni lesionar ningún derecho».

Caminos verdes

– En la red existen diversos programas que permiten compartir aplicaciones y archivos multimedia que van desde mp3 hasta películas enteras.

– Estas aplicaciones no cobran nada a quienes las usan por la obtención de contendio protegido por derechos de autor, lo cual viola las leyes.

– Esas herramientas suelen basarse en BitTorrent, un protocolo diseñado para el intercambio de archivos entre una persona y otra a través de sus máquinas, sin importar en qué parte del mundo estén.

– Son programas basados en redes peer-to-peer (P2P) que permiten la interconectividad entre sus usuarios.

Pero no sólo es el riesgo legal al que se expone quien descarga películas sin pagar ella. Existe la posibilidad de causarle estragos al ordenador, utilizando los programas de descarga de contenido multimedia, pues allí se alojan infinidad de virus informáticos que suelen ocultar su identidad real con el nombre de los archivos más solicitados, como las películas. En lugar de bajar la obra más taquillera, puede venir un destructor del disco duro.

Daniel Ricardo Hernández
EL UNIVERSAL